El próximo jueves, el abogado Ricardo Riesco hará su debut público al mando de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) al dar su cuenta anual. En la cita, el ex socio de Philippi (PPU Legal) lucirá la primera victoria de su gestión, que se inició el 11 de diciembre de 2018: derribar en la Corte Suprema la alianza comercial de Latam con British Airways, Iberia y American Airlines, conocida como Joint Business Agreement (JBA).

Mientras las empresas sostenían que el acuerdo generaría mayor conectividad y tarifas más convenientes, sus detractores, entre ellos la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y la agrupación de consumidores Conadecus y el empresario Hernán Passalacqua, apuntaban a que los riesgos contra la libre competencia superaban a sus beneficios, generando impactos contra la libre competencia principalmente en las rutas Santiago- Madrid y Santiago-Miami. La tesis fue acogida por la Tercera Sala de la Suprema, presidida por Sergio Muñoz, que advirtió que de concretarse la operación, las aerolíneas “adquirirán un poder de mercado en conjunto difícil de desafiar, en un mercado que (…) tiene barreras de entrada, sin que se visualice la entrada posible de un nuevo actor”.

Si bien la reclamación de la FNE fue realizada por el ex fiscal (S), Mario Ybar el pasado 14 de noviembre, Riesco se la jugó con todo por el caso, donde acompañó al jefe de la División Litigios, Víctor Santelices, en sus alegatos al tribunal el pasado 10 de abril y advirtió que autorizar la operación sería dar pie para que se forme un monopolio en las principales rutas aéreas internacionales que usan los chilenos.

“Esta sentencia es una buena noticia para los pasajeros chilenos, porque impide la monopolización de las más importantes puertas de acceso a Europa y Norteamérica desde nuestro país”, dijo el fiscal nacional económico, Ricardo Riesco tras conocerce el fallo que lo enfrentó al mundo privado luego de haber participado en casos como “La guerra del plasma” representando a la cadena de retail Paris (del grupo Paulmann), o en el caso Asfaltos en 2014, y representando a Enex, del grupo Luksic.

Pero el JBA no es la única causa de Riesco contra la aerolínea de las familias Cueto y Amaro.

El pasado 5de abril, la FNE resolvió abrir una investigación contra Latam Airlines, en relación a las diferencias en las condiciones de los programas de pasajero frecuente de la aerolínea. En este caso, el fiscal autorizó la investigación construida con antecedentes aportados por la propia Latam, donde habría diferencias en las condiciones de sus programas, concluyendo que en Chile sería más difícil cumplir las metas para optar a las distintas categorías del programa de pasajero frecuente de Latam Pass.

La fiscalía investigó luego de una denuncia canalizada vía el Ministerio de Economía, que cuestionaba la corrección de las normas supuestamente discriminatorias que aplica Latam Airlines a sus clientes, diferenciando según país.

“En el fallo de la Suprema, que se mete de manera importantes en temas económicos, tuvo gran relevancia la FNE dada su experiencia y sofisticación en la industria aeronáutica, donde ha trabajado en casos relevantes como la fusión Lan y Tam y la compra de Ladeco”, comenta Francisco Agüero, director del Centro de Regulación de la Universidad de Chile.

En la misma línea, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, valoró la presencia de la FNE en el caso JBA y de paso confirmó su interés por la nueva causa que instruye la agencia.

“La opinión de la FNE influyó mucho en la decisión de la Tercera Sala, que ahora será muy importante para la competencia en el mercado de las líneas aéreas, por la monopolización de la actividad en algunos mercados”, manifestó.

Otro hombre clave en el caso fue el abogado Julio Pellegrini, del estudio Pellegrini & Cia. El abogado experto en libre competencia fue quien presentó, representando a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet), el primer recurso en contra de la alianza de las aerolíneas ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que fue acogida en agosto de 2016. Y continuó con la reclamación ante la Corte Suprema.

El abogado ha representado a empresas en consultas y demandas como las de los bancos Bice, Security e Internacional en contra del Banco Estado por supuestas discriminaciones en precios de transferencias electrónicas, la de Farmacias Ahumada por Transbank, a Cabify contra un sindicato de taxistas y a Claro Chile, por la discusión sobre los espectros radioeléctricos.