Ha llegado el momento de formalizar la oferta de alojamiento turístico en residencias privadas que se promocionan a través de plataformas tales como Airbnb, Homeaway o Booking, entre otras. En Chile, estas llegan a cerca de 20 mil viviendas.

Esto es ya un fenómeno mundial y la industria ha reaccionado. Recientemente, las asociaciones de hoteles de los principales países del mundo se reunieron en Barcelona para instar a los gobiernos nacionales y municipales a adoptar medidas urgentes para regularizar la oferta de alojamientos turísticos informales.

Las plataformas digitales que ofrecen este tipo de alojamientos operan desde sus países de origen y no tributan ni se someten a la legislación nacional de los destinos turísticos; han invadido los mercados comercializando millones de residencias privadas que ellas no conocen y de las cuales no se hacen responsables en materia de sanidad, seguridad o cumplimiento de contratos. Los propietarios de estas viviendas tampoco cumplen sus obligaciones tributarias por operaciones comerciales que debieran emitir facturas, pagar el IVA y los impuestos por los ingresos percibidos.

La conferencia de Barcelona mostró casos exitosos de regulaciones en varias ciudades y países. En España, Francia, Alemania y Miami, por ejemplo, es obligatorio que las viviendas privadas que reciben turistas y se comercializan a través de plataformas digitales se registren con la autoridad competente; las plataformas están obligadas a publicar el número de registro. Multas de entre dos mil y cinco mil euros se aplican a los propietarios y a las plataformas por incumplir esta norma. Además, se han establecido límites al número de noches que las viviendas pueden recibir turistas.

Los hoteleros del mundo acordaron impulsar una agenda global exigiendo el registro obligatorio para esta oferta; la publicación del número de registro; el tratamiento tributario similar al aplicable a hoteles; exigencias mínimas de seguridad y salubridad; respetar derechos y tranquilidad de los vecinos, y el monitoreo permanente de la actividad de alojamiento turístico en viviendas privadas.

Chile debe seguir el modelo que han implementado varios de los principales centros turísticos mundiales, por lo que urgimos al gobierno su pronta formalización y regulación.

La muerte de Rebeca Pierre, una mujer haitiana embarazada que falleció luego de haber sido dada de alta en el Hospital Félix Bulnes —a pesar de que había sido derivada allí desde un consultorio de la comuna de Cerro Navia por una afección cardíaca—, da cuenta de un problema más recurrente que lo que muchos piensan y respecto del cual el Estado sistemáticamente ha sido condenado al pago de indemnizaciones: prestaciones médicas inadecuadas, causadas precisamente por fallas de coordinación como esta, que traen como consecuencia la muerte de los pacientes.

Solo entre mayo y abril, la Corte Suprema ha ordenado indemnizaciones por atención tardía y equivocado diagnóstico de un embarazo ectópico que se tradujo en la muerte de una mujer; por el fallecimiento de un niño producto del suministro de anestesia que no fue adecuadamente vigilado; por la muerte de una niña de 1 año luego de dos ingresos al servicio de urgencia, en donde se omitieron exámenes elementales; por el deceso de otra niña, esta vez de 7 años, paciente oncológico, que luego de ingresar a urgencia fue derivada a su domicilio con un diagnóstico equivocado; por la atención lenta y descoordinada entre dos centros hospitalarios de una mujer con cuarenta semanas de embarazo, que terminó produciendo la muerte del que estaba por nacer. En todos esos asuntos, los jueces han objetado el trato que recibieron esas personas y sus familias por parte del Estado.

Como estos casos, todos los meses los tribunales resuelven asuntos en los que personas que dependen de la sanidad pública, y no tienen más opciones, quedan expuestas a acciones descoordinadas y tratos que desconocen aspectos elementales de la dignidad humana. Esos son los invisibles, los que la política solo se encarga en destacar cuando una muerte los azota, como efectos de un escándalo público atraído por la denuncia de alguien.

Los debates públicos de la élite se siguen concentrando en la crisis de la política. Pero estas historias nos debiesen ayudar a pensar que la política solo tiene sentido si somos capaces de garantizar una vida digna en una sociedad como la nuestra, cada vez más plural. La familia de Rebeca no esperaba otra cosa que buscar una buena vida en nuestro país. Su historia simboliza una de tantas a las cuales somos completamente indiferentes, algo que debería ser motivo de vergüenza. Porque, aunque quisiéramos ser ciegos, esto afecta a todos por igual: chilenos o inmigrantes, niños o adultos. Pero su ferocidad siempre impactará a los vulnerables, aquellos que no tienen alternativas en la desgracia. Frente a ellos tenemos un imperativo ético de acción y no uno de simple especulación, que prefiere la diversión de las intrigas palaciegas a enfrentar las realidades más dolorosas.

Cada cierto tiempo converso con representantes de inversionistas que compran bonos de gobierno chileno. Fondos extranjeros que le prestan al Estado con la idea de que en los próximos 15 a 20 años el Estado les va a ir pagando de vuelta. A este tipo de inversionista le interesan las noticias que potencialmente tienen la capacidad de afectar la trayectoria fiscal de largo plazo. Al final del día, el valor de mercado los bonos que compraron depende de la percepción de que los próximos cuatro o cinco presidentes de Chile paguen esa deuda, no del Presidente Piñera y su potencial sucesor(a) directo(a), quienes casi obviamente pagarán.

Por cierto, los inversionistas de esos bonos largos destacan cosas conocidas. Cierta seriedad y visión de largo plazo, que se ha tendido a mantener a pesar de los cambios de coalición gobernante. También los consensos y, en general, la gradualidad. De hecho, para los que siguen coyuntura de política económica es hasta un poco aburrido reportear sobre Chile, porque nunca mueven demasiado los precios de los bonos, en contraste de Argentina o Venezuela.

En ese contexto, los inversionistas preguntaron por la aparente contradicción entre las nuevas reformas tributarias y de pensiones en lo relativo al financiamiento. En la Reforma Tributaria la reintegración del sistema genera reconocidamente una menor recaudación fiscal. Por eso el Gobierno ofreció subir otros tipos de ingresos, ya sea por impuestos o por mejoras de tecnología de recaudación. Y la oposición incluso estaba frenando la idea de legislar porque veía cerca de US$ 600 millones anuales sin financiar. Por eso había puesto la compensación tributaria como una condición clave seguir avanzar.

Por contraste, en la discusión de pensiones el potencial desbalance fiscal ha recibido mucha menos atención, tanto del Gobierno como de la oposición. Esto a pesar de que, según las proyecciones de la Dipres, el costo para el Estado de la reforma sería más grande: en régimen llegaría a los US$ 3.500 millones de dólares anuales. A pocos años de implementada, esta reforma le generaría al Estado gastos por al menos el doble de los descalces financieros que tanto han dado que hablar en la reforma tributaria. ¿Qué estrategia de financiamiento que propone el Gobierno? En términos generales, que con crecimiento económico y reasignaciones presupuestarias futuras se lograría balancear el nuevo gasto fiscal de pensiones. Tampoco es para juzgarlo demasiado, pues es similar a lo que argumentó en su momento la administración Bachelet 1, en la anterior reforma de pensiones. El debate parlamentario de la oposición en pensiones ha ido por otras aristas (p. ej. rol de AFP), con poca discusión sobre déficits de financiamiento. Ojalá que esa aparente contradicción le quede más clara a los inversionistas a medida que avance el proceso legislativo.