“Harvard traiciona a un profesor de derecho… y a sí mismo”, se tituló una columna publicada el miércoles en el New York Times por Randall Kennedy, quien, vale aclarar, es un docente de esa misma universidad.

En marzo, Kennedy fue uno de los 52 profesores de la Facultad de Derecho que firmaron una carta apoyando al decano Robert Sullivan, objeto de una serie de protestas y manifestaciones estudiantiles desde que en enero se integró al equipo legal que asesora a Harvey Weinstein, el poderoso personaje cuyo historial de abusos casi por sí solo disparó el movimiento “MeToo” a nivel mundial.

Sullivan, el primer afroamericano en ocupar un cargo de esa relevancia en Harvard, finalmente supo que será removido de su puesto una vez concluya su período en junio, pese a que ya había anunciado que dejaría la representación del exproductor hollywoodense y solo se mantendría como “asesor externo”.

“Uno esperaría que Harvard defienda el derecho de las personas a expresarse ideológica, intelectual y profesionalmente (y que) buscara educar a sus alumnos y no simplemente ceder a temores vagos o complacer a los imperativos de una ira mal orientada”, criticó Kennedy.

Manejo “calamitoso”

La decisión fue celebrada por el alumnado, pero fuertemente criticada en varios estamentos de la universidad y también en varios círculos intelectuales y de influencia a lo largo del país.

La agencia Bloomberg calificó el manejo de la situación como “calamitoso”. En general, los dardos hacia la institución han apuntado a dos aristas: la libertad académica y el derecho a la legítima defensa.

“No solo no me parece correcto, sino que peligroso”, señala Rodrigo Reyes, abogado experto en ética corporativa. “Les guste o no a los estudiantes y al público, los abogados defensores cumplen un rol fundamental en la administración de justicia y en la sociedad. Un sujeto imputado, incluso por conductas perversas como Weinstein, tiene derecho a ser defendido”.

“Se debe entender que todos somos potenciales imputados. No solo cualquiera puede cometer un delito, sino que cualquier persona, incluso la más virtuosa, puede ser acusada”, agrega Reyes.

“Y por eso creo que aquí se ha atentado contra una garantía fundamental que constituye una de las bases de un Estado democrático de derecho”.

El linchamiento público

“En el fondo, lo que está ocurriendo en Harvard y Estados Unidos es muy parecido a lo que estamos viviendo nosotros”, apunta Claudia Heiss, jefa de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.

“Se asemeja a cuando un par de actrices se atrevieron a respaldar al director Nicolás López y por eso fueron linchadas públicamente, o la reciente acusación falsa por abuso sexual en las elecciones de la FEUC”.

“Los movimientos sociales han visibilizado temas que antes estaban ocultos, muchas injusticias, discriminaciones y abusos de género y poder que durante décadas fueron ignorados y ahora se intentan reivindicar. Pero, al mismo tiempo, eso conlleva otras responsabilidades”, agrega la docente. “Si caemos en la dinámica del linchamiento público, se acaba el debate y no hay argumentos”.

“Alan Dershowitz (famoso abogado y académico, que ha defendido a Mike Tyson y O.J. Simpson, entre otros) lo advirtió cuando firmó la carta en apoyo a Sullivan: esto se puede terminar convirtiendo en un nuevo «macartismo», en una cacería de brujas sin derecho a la duda legítima sobre tu inocencia”, apunta Heiss, aclarando cómo la carrera del caído decano respaldaba su actuar.

Sullivan, por ejemplo, una vez defendió a la familia de Michael Brown, el joven afroamericano al que le disparó la policía en Ferguson en 2014, pero también a uno de los acusados por colocar bombas en la Maratón de Boston de 2013. “En su récord de defensoría hay gente «buena» y «mala», por así decirlo”, arguye.

“En Chile y en el mundo estamos viviendo una época difícil porque la idea que subyace en estas «jaurías sociales» es que un abogado avala los crímenes cometidos por su cliente por el hecho de participar de la defensa y velar por que se cumplan las condiciones necesarias para condenarlo. Y eso es francamente absurdo”, concluye Reyes.

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