El pueblo maulino de Pencahue, vecino a Talca, vive hoy principalmente del aceite de oliva y la mayor empresa del rubro en la zona, Olivares de Quepu, recibió esta semana un golpe que amenaza con cerrarla.

La dueña de las marcas de aceite 1492 y OroMaule fue multada por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) con $1.111 millones (US$1,7 millones), por modificar “sustantivamente” su planta sin contar con autorización ambiental.

La empresa fue imputada, entre otras cosas, de sobreproducción, aumento de la superficie construida, incremento de emisiones, descargas y residuos sin tener una resolución de calificación ambiental.

El problema es que sus arcas no dan para pagar esta sanción, según confesó su gerente general Alvaro Ried. La compañía vende US$7 millones al año y no da utilidades. Todo el margen que obtiene va a pagar las deudas en que incurrió para invertir en tierras, plantaciones y la propia planta. Ried se excusa de dar detalles sobre el monto de esa inversión o del pasivo. Sí afirma que “una multa de ese tamaño nos puede liquidar” y adelanta que apelará, pues la califica de “desproporcionada” respecto al tamaño de la empresa y “arbitraria”. Esto, pues asegura que intentaron ingresar sin éxito al sistema de evaluación ambiental y no han cometido nuevas infracciones que ameriten una sanción así.

Aunque tiene peso en su zona, Olivares de Quepu es una empresa de 50 trabajadores. Fundada por el ex gerente general de Sudamericana de Vapores y hoy presidente de la Empresa Portuaria de San Antonio, Francisco Silva Donoso, ahora está en manos de una controvertida familia brasileña.

Grupo Libra es la compañía holding que agrupa los activos de los hermanos Gonzalo, Celina, Ana Carolina y Rodrigo Borges Torrealba. De esta compañía cuelga Olivares de Quepu, en cuyo directorio están Celina y Rodrigo, quienes visitan una vez al año aproximadamente las instalaciones en Pencahue.

En este último tiempo no se les ha visto. Es que han tenido problemas más difíciles de resolver en Brasil.

La actividad principal de Grupo Libra es el portuario. La firma brasileña se presenta en si sitio web como uno de los mayores operadores portuarios y logísticos del comercio exterior de Brasil. Es que manejan varios sitios de atraque en Santos, el mayor puerto de Sudamérica en el estado de Sao Paulo, así como en Río de Janeiro y en Imbituba, estado de Santa Catarina.

Pero el 2018 enfrentaron dos noticias que tumbaron a la familia. El 30 de marzo del año pasado, la policía federal brasileña detuvo a Celina Borges, y días después a sus hermanos, en el marco de la llamada Operación Skala, una investigación judicial por la firma de un decreto que amplió los plazos de contratos de concesiones portuarias a cambio de supuestos sobornos al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece el ex Presidente Michel Temer, quien esta semana fue detenido acusado de corrupción. “Había solo una presunción, la que ya se eliminó”, asegura Ried sobre los vínculos de la familia Borges Torrealba con Temer y su supuesta trama de coimas.

Este golpe provocó que al mes siguiente se pusieran en riesgo las concesiones del Grupo Libra en el puerto de Santos, como consignó el sitio especializado joc.com. La empresa, en un comunicado, reiteró “que ha cumplido con todas las leyes relevantes y que nunca ha caído en incumplimiento de pagos (default)”.

Dos meses después, el grupo pidió la protección por quiebra para reestructurar una deuda de US$480 millones. Aún está negociando una salida con sus acreedores. O sea, los US$1,7 millones que tendría que pagar en Chile por su infracción ambiental es el menor de sus problemas.