Su nombre explica su función en forma elocuente: “Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas”. En resumen, Comisión Antidistorsiones. La preside el fiscal nacional económico, al que se le suman cuatro representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Agricultura; un representante del Banco Central y el director nacional de Aduanas. Por tanto, el gobierno de turno tiene mayoría sobre los técnicos. Primera distorsión.

Fue creada por ley el año 1986. Desde entonces, sus fallos han generado ganadores y perdedores que no dejan indiferente a los players que van a defender sus posiciones. Y que muchas veces son contradictorios, o sea favorecen a uno una vez y al del frente al otro año. Otra distorsión.

En las sentencias de esta comisión se basa el Ejecutivo para fijar sobretasas arancelarias (cuando se violan normas del comercio internacional) y derechos compensatorios o antidumping (para las importaciones que entren al país a precios artificialmente bajos, principalmente por subsidios en sus países de origen, lo que daña a los competidores locales).

El año pasado, por ejemplo, sus fallos desataron la furia de los productores lecheros porque rechazó su solicitud de gravar la importación de la leche en polvo y el queso gouda. En cambio, Moly-cop, empresa estadounidense que produce localmente, celebró que se aplicara la norma antidumping a las importaciones chinas de bolas de molienda, insumo clave en la industria minera.

La solicitud de los lecheros contó con apoyo parlamentario transversal y su rechazo generó una fuerte reacción de la Sociedad Nacional de Agricultura que indicó que el fallo “beneficia exclusivamente a los consumidores”. El único voto a favor de aprobar la salvaguardia fue del representante del ministro de Agricultura, Antonio Walker.

Por su parte, el fallo que benefició a Moly-Cop fue 4 a 3 con los votos en contra de los representantes del Central, el Ministerio de Economía y del entonces FNE (s) Mario Ybar, los tres más técnicos. El gerente general de la empresa de bolas de molienda, Gustavo Alcázar, reconoce que si bien la “comisión hace un trabajo técnico e independiente” hay un “componente social muy profundo” y agrega que la Región del Biobío, que es hogar de CAP, su principal proveedor, “sufre una situación dramática frente al dumping chino”.

Así, en un ambiente global enrarecido por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y el auge proteccionista que ha generado, la Comisión debe distinguir entre políticas comerciales desleales de las presiones de grupos de interés por obtener beneficios.

Muchos de quienes han trabajado con la Comisión creen que existe un amplio espacio de mejora en su institucionalidad, aunque por distintas razones.

Jorge Fantuzzi, economista de FK Economics y que trabajó en el Tribunal de Libre Competencia, cree que es vulnerable: “Deja espacio a presiones políticas y a influencia de grupos de interés por sobre el análisis económico y jurídico serio”.

Abogados expertos en libre competencia son menos críticos de la institucionalidad. Valoran el trabajo de la Secretaría Técnica —dependiente del Banco Central—, pero admiten que es una contraparte débil. Para Juan Enrique Coeymans, socio del estudio Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn, “se trata de un organismo huérfano, sin que ninguno de los ministerios u órganos públicos que lo integran se sientan realmente responsables de su funcionamiento”.

Julio Pellegrini, presidente de la comisión de libre competencia del Colegio de Abogados y socio de Pellegrini y Cía., por su parte, comenta que sería ideal que la secretaría contara con más recursos, ya que en la práctica hoy ese trabajo es “llevado principalmente por dos profesionales, que tienen la carga de estudiar los informes y demás antecedentes que aportan las partes”. Esto último es una dificultad ya que investigaciones propias permitirían juicios más independientes. “Con sus actuales recursos, es difícil pedirle a la Secretaría Técnica tomar un rol más activo”, apunta Coeymans. “Tanto para la Secretaría Técnica como para la Comisión sería de ayuda encargar informes independientes”, dice Pellegrini.

Respecto a cómo perfeccionar la institucionalidad las propuestas son diversas. Fantuzzi cree que debiera ser parte de la agenda pro-competitividad que lidera el ministro de Economía, José Ramón Valente. Y Pellegrini recuerda la propuesta de que sea el Tribunal de la Libre Competencia el que reemplace a la Comisión en estas decisiones.